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Abelardo de la Espriella reduce la contratación pública para recortar gasto estatal

La medida impone estrictos controles a los nombramientos, salvo contadas excepciones.

Austeridad pública: ordenan restringir nombramientos y contratos de prestación de servicios

La directriz, emitida por el Dapre, restringe los nombramientos de libre nombramiento y remoción y limita los contratos de prestación de servicios a necesidades estrictamente justificadas y presupuestadas.

El Gobierno de Abelardo De La Espriella oficializó la Circular Externa 08 con el propósito de reforzar la política de austeridad en el Estado. A través de este documento, expedido el 15 de octubre de 2026, el Ejecutivo busca congelar el gasto superfluo mediante la racionalización de los cargos de libre nombramiento y remoción, así como la reducción de nuevas contrataciones por prestación de servicios en la administración pública.

El Gobierno expide la Circular 08 para endurecer la austeridad y frenar la contratación estatal

La instrucción fue emitida directamente por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y está dirigida a todos los ministros y directores de departamentos administrativos. Dichas cabezas de sector tendrán la responsabilidad de replicar y vigilar el cumplimiento de estos lineamientos en todas las entidades adscritas y vinculadas a sus respectivos despachos.

De acuerdo con la norma, cualquier nueva vinculación o contrato de apoyo a la gestión deberá responder a una necesidad cierta, verificable y contar con disponibilidad presupuestal previa. Con esto, el Gobierno busca erradicar las vinculaciones sin justificación técnica y garantizar que la contratación responda estrictamente al funcionamiento esencial de las instituciones, en el marco de la contención del gasto público.

A pesar del rigor de la medida, la Circular 08 contempla excepciones específicas. Según reportes de Caracol Radio, la restricción no aplicará para los cargos de alto nivel institucional como ministros, viceministros y directores departamentales. Asimismo, quedarán exentas las contrataciones destinadas a servicios esenciales de seguridad, esquemas de protección, atención de emergencias y proyectos de financiación catalogados como estratégicos.

Finalmente, el documento sustenta estas decisiones en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, el cual establece que la función administrativa debe estar orientada al interés general bajo principios de economía, eficacia, celeridad y transparencia. Con este marco legal, el Ejecutivo busca blindar jurídicamente la reorganización del gasto en el sector central y descentralizado.

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