El Gobierno de Abelardo de la Espriella presentó el denominado “Libro de la Verdad”, un documento que reúne 82 casos de presunta corrupción e irregularidades administrativas identificados durante el proceso de empalme con la anterior administración, encabezada por el expresidente Gustavo Petro. El informe fue presentado desde el búnker de la Fiscalía General de la Nación y entregado a las autoridades de control para que determinen si existen responsabilidades penales, fiscales o disciplinarias.
El documento fue presentado por el presidente Abelardo de la Espriella y el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, quienes señalaron que el propósito del informe es dejar documentadas las situaciones detectadas durante la transición entre gobiernos y ponerlas en conocimiento de las entidades encargadas de investigarlas.
Según la información entregada por el Gobierno, el informe contiene 82 casos documentados y fue remitido a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República. La entrega busca que cada organismo adelante las actuaciones que correspondan dentro de sus competencias.
Entre los casos señalados aparece la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). De acuerdo con las denuncias presentadas por el Gobierno, la entidad habría ejecutado solamente el 4,3 % de su presupuesto, mientras que se habrían realizado giros por aproximadamente $856.000 millones sin que, según el informe, existiera una situación de urgencia manifiesta que los justificara.
El Gobierno también aseguró que existirían interrogantes sobre el destino de aproximadamente $1,38 billones, además de señalamientos relacionados con una presunta nómina paralela que involucraría cerca de 900.000 contratos por $5 billones.
Otro de los asuntos incluidos en el documento corresponde a la Cancillería, donde el Gobierno denunció una presunta politización mediante alrededor de 1.000 contratos por $80.000 millones. También se mencionó un supuesto déficit de $23 billones en el Ejército.
Estos señalamientos corresponden a denuncias y hallazgos que deberán ser investigados y contrastados por las autoridades competentes. La presentación del documento no significa que los hechos denunciados hayan sido judicialmente comprobados ni que las personas o entidades mencionadas sean responsables de delitos. La Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría deberán determinar, dentro de sus respectivas competencias, si existen conductas irregulares y quiénes serían responsables.
El Gobierno calificó la entrega como un ejercicio de transparencia y aseguró que busca establecer las condiciones en las que recibió el Estado después de la administración Petro. De la Espriella entregó personalmente el informe a los organismos de control, con el propósito de que las investigaciones puedan avanzar de manera independiente.
La presentación del llamado “Libro de la Verdad” también abre un nuevo capítulo de confrontación política entre el actual Gobierno y su antecesor. Mientras la administración de De la Espriella sostiene que se trata de una documentación técnica de posibles irregularidades encontradas durante el empalme, cualquier responsabilidad deberá establecerse mediante las investigaciones correspondientes y con respeto por el debido proceso.
El alcance real del informe dependerá ahora de las actuaciones que adelanten los organismos de control y la Fiscalía. Los 82 casos presentados deberán pasar de la denuncia y documentación inicial a investigaciones formales cuando existan elementos que así lo justifiquen.
